En un hito importante para la defensa del territorio y los derechos colectivos, la Asamblea Nacional resolvió archivar el Proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos, propuesto por el Ejecutivo en 2017. Esta decisión busca proteger el derecho de las comunidades a ser consultadas y garantizar el respeto al sentido de pertenencia territorial de los pueblos afectados.
El prefecto del Cañar, Marcelo Jaramillo, junto a la Comisión Provincial de Límites, presidida por el alcalde de Azogues, los alcaldes de Cañar y La Troncal y por la presidenta del GAD Parroquial de Pancho Negro, se desplazó a Quito tras el anuncio del segundo debate legislativo sobre esta ley. La delegación entregó una solicitud formal al presidente de la Asamblea, Ing. Niels Olsen, argumentando que el proyecto incluía de forma inconsulta la fijación de límites entre las provincias de Cañar, Guayas y Chimborazo.
La máxima autoridad provincial se reunió con la asambleíta del Cañar, Fabiola Sanmartín, reiterando su compromiso con la defensa activa del territorio, la legalidad y la justicia como camino para resolver los conflictos limítrofes del país.
El prefecto Jaramillo agradeció la participación de los asambleístas del Cañar en el archivo de esta propuesta que profundizaba los conflictos históricos al ignorar sentencias judiciales previas y omitir procesos de consulta popular, que son exigidos por la Constitución. «No se puede trazar límites sin escuchar a las comunidades ni respetar la justicia”. Además, se refirió al buen diálogo mantenido con el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, y su delegación, en el CONGOPE, con el fin de trabajar en proyectos biprovinciales —preferentemente— en el área de vialidad.
El archivo de la ley permite abrir una nueva etapa de trabajo técnico, jurídico y político, en la que se garantice un proceso participativo, transparente y con base en criterios legales y culturales, que respete la identidad territorial de los pueblos. Además, se exhortó al Presidente de la República a dejar sin efecto los decretos ejecutivos que, sin consulta previa, establecieron delimitaciones entre provincias, y se ratificó el compromiso de seguir trabajando por soluciones justas y concertadas.